La detención de efectivos policiales coludidos con bandas dedicadas al saqueo de madera y al robo de ganado en la Macrozona Sur desmantela la retórica de la “reserva moral” del Estado y confirma la integración de la policía uniformada en las dinámicas de acumulación originaria del gran capital agroforestal.
Por Equipo El Despertar
La reciente captura y formalización de funcionarios de Carabineros de Chile en las regiones del sur del país, imputados por facilitar, proteger e integrar redes criminales dedicadas al robo masivo de madera y al abigeato, ha provocado un duro sacudida en el relato institucional. Frente al hecho, la superestructura mediática y la prensa corporativa han desplegado su acostumbrado blindaje: presentar la colusión como “casos aislados de corrupción individual” o “manzanas podridas” que no empañan el “compromiso verde oliva”. Esta narrativa hegemónica intenta aislar la conducta de los uniformados de la estructura que los cobija, ocultando que la institución policial opera como el brazo armado encargado de custodiar el régimen de propiedad privada en los territorios militarizados.
Desde una perspectiva dialéctica y materialista, la participación de agentes estatales en el tráfico ilegal de madera y ganado no constituye una anomalía, sino la consecuencia directa de la mercantilización de la violencia pública. En las regiones donde se impone el modelo extractivista forestal —caracterizado por la usurpación histórica de tierras al pueblo nación Mapuche y la devastación socioambiental promovida por los grupos económicos de la madera—, la presencia policial no busca garantizar la “paz social”, sino resguardar la tasa de ganancia patronal. Cuando el Estado satura el territorio con pertrechos de guerra y potestades de control impune, crea las condiciones materiales para que los propios funcionarios instrumentalicen el aparataje represivo como un insumo de negocios clandestinos.
La colusión policial con las redes de abigeato y extracción ilegal de recursos evidencia cómo las fuerzas de orden transitan de la custodia abstracta del capital a la participación directa en la economía sumergida. Mientras a las comunidades rurales y al campesinado pobre se les somete a la criminalización, al allanamiento constante y a la violencia de clase, las bandas articuladas con la jefatura policial gozan de salvoconductos, cobertura logística e impunidad operativa. Como señalaba el filósofo y teórico marxista Friedrich Engels al desmitificar el rol del aparato coercitivo estatal: «El Estado no es de ningún modo un poder impuesto desde fuera a la sociedad, sino un producto de esta en una determinada fase de desarrollo; es la confesión de que esta sociedad se ha enredado en una insoluble contradicción consigo misma… creándose para ello una fuerza que aparentemente se halla por encima de la sociedad».
El desplome de la fachada ética de Carabineros en el Sur deja al descubierto que la militarización del territorio no responde a la “seguridad ciudadana”, sino a la protección de los intereses de la patronal forestal y latifundista. Pretender sanear esta pudrición mediante la sumisión a nuevos protocolos de auditoría o discursos de “modernización” es ignorar la contradicción de fondo. La clase trabajadora y los pueblos movilizados deben comprender que la policía burguesa no es un árbitro neutral, sino una estructura cuya función histórica es la defensa de la propiedad concentrada, resultando inevitable su descomposición cuando entra en contacto con las jugosas rentas del extractivismo.