Más allá de la tesis mediática del “manzana podrida”, la ampliación de imputaciones contra la exministra Vivanco y la cúpula de abogados de su entramado, que ahora incluye al ex diputado Gabriel Silber, expone la captura estructural del aparato judicial por parte de la burguesía y la prostitución del derecho procesal en favor de las élites.
Por Equipó El Despertar
La trama de corrupción que envuelve a la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, y al influyente bufete de abogados Vargas y Lagos ha entrado en un punto de no retorno tras su más reciente reformalización. El expediente, que ahora suma formalmente a la totalidad de los socios y asociados de la firma —incluyendo al exdiputado Gabriel Silber—, desarticula la narrativa hegemonica construida por la prensa dominante, la cual insiste en presentar el caso como una anomalía ética individual. Lo que el relato burgués califica como “tráfico de influencias”, un análisis materialista lo revela en su verdadera naturaleza: el uso del aparato estatal y judicial como un mero comité de administración de los intereses de la clase dominante, donde la ley no funciona como un árbitro neutral, sino como una mercancía transable al mejor postor.
La inclusión de todo el staff de la oficina jurídica, cuyos integrantes operaron de manera coordinada en esquemas de cooptación institucional por más de cuatro años, pone de manifiesto la existencia de una verdadera empresa de impunidad corporativa y persecución política. Las intervenciones en fallos, la manipulación de salas en los tribunales superiores, la compra de testigos y el cabildeo soterrado no son excesos de un par de profesionales ambiciosos; constituyen la praxis habitual con la que la fracción abogadil de la burguesía garantiza la valorización y protección de sus activos. La incorporación de figuras con trayectoria en la política representativa, como Silber, ilustra cómo la separación de poderes en el Estado capitalista es una ficción ideológica diseñada para enmascarar la continuidad orgánica entre el poder legislativo, el judicial y el gran capital.
Desde una perspectiva dialéctica, este escándalo confirma que la “fe pública” y la “autonomía del Poder Judicial” son abstracciones destinadas a legitimar la dominación de clase. Mientras el código penal descarga todo su rigor disciplinario contra la clase trabajadora criminalizando la pobreza, las altas esferas del derecho operan bajo una lógica de impunidad estructurada, donde las sanciones suelen diferirse o diluirse tras bastidores. Como señalaba el propio Marx al analizar la legislación de su tiempo: “El derecho no es más que la voluntad de vuestra clase elevada a ley”. En este caso, la ley no se infringió desde fuera; se instrumentalizó desde dentro para consolidar el dominio económico mediante el tráfico de decisiones judiciales.
Frente a este escenario, resulta indispensable cuestionar la reformalización mediada únicamente como una victoria de la institucionalidad. Pretender que el propio sistema judicial capitalista depure sus bases estructurales sin alterar la correlación de fuerzas de clase es una ilusión reformista. La investigación contra Vivanco, el buffet Vargas y Lagos y la red de operadores políticos no debe interpretarse como el triunfo del “Estado de Derecho”, sino como la grieta ineludible por donde se asoma la putrefacción de un modelo judicial concebido por y para la burguesía.