La captura de funcionarios de Gendarmería y el Ejército por defraudación de fondos públicos refuta la ficción liberal de unas Fuerzas Armadas y de orden “éticas y profesionales”, revelando cómo los custodia del capital instrumentalizan el Estado para la acumulación privada.
Por Equipo El Despertar
Las recientes aprehensiones de efectivos pertenecientes a Gendarmería de Chile y al Ejército, imputados por delitos de fraude al fisco, cohecho y malversación en licitaciones públicas, vuelven a fracturar el relato dominante con el que las élites aseguran la legitimidad institucional. La narrativa hegemónica —promovida por la prensa corporativa y la clase política— insiste rutinariamente en presentar estos hechos como “conductas aisladas” o “manzanas podridas” dentro de organismos caracterizados por la vocación de servicio. No obstante, una lectura materialista y dialéctica permite despojar al Estado burgués de sus ropajes ideológicos para revelar que el problema no reside en la desviación individual, sino en la naturaleza de una burocracia armada que opera bajo los mismos parámetros de mercantilización y saqueo que rigen al modelo económico.
Las investigaciones, dirigidas a desarticular esquemas de sobreprecios, desvío de presupuestos estatales y pactos soterrados con proveedores privados, evidencian el funcionamiento orgánico del complejo militar e institucional. Las Fuerzas Armadas y los cuerpos de seguridad no existen como entidades abstractas al servicio del “bien común” o de la “Patria”, sino como el brazo armado encargado de garantizar la estabilidad del régimen de propiedad privada y el disciplinamiento social. Cuando los fondos públicos destinados a estas estructuras son capturados para el enriquecimiento de sus mandos o subalternos, lo que presenciamos es la privatización de facto del presupuesto estatal por parte de la propia burocracia que el capital armado sostiene.
Esta dinámica pone de manifiesto la contradicción inherente a la arquitectura estatal capitalista: el mismo aparato coercitivo al que se le otorga el monopolio legítimo de la fuerza para resguardar el “orden público” y castigar la delincuencia de la clase trabajadora, actúa internamente como una plataforma de acumulación originaria y usufructo ilegítimo. En su análisis sobre la maquinaria estatal, Friedrich Engels advertía con claridad que “los funcionarios se hallan en posesión del poder público y del derecho a cobrar impuestos; situados por encima de la sociedad, se convierten en órganos de la sociedad que se elevan sobre ella”. Es precisamente esa condición de casta exenta del control democrático real lo que genera el caldo de cultivo idóneo para la corrupción endémica en las filas castrenses y penitenciarias.
El tratamiento institucional de este nuevo escándalo buscará, como es habitual, ofrecer respuestas reactivas mediante auditorías internas o reformas de fachada que prometen “elevar los estándares de probidad”. Sin embargo, pretender que el monopolio de la violencia se autogestione con transparencia mientras permanece subordinado a la lógica de la ganancia y protegido por fueros corporativos es una ilusión reformista. La recurrencia de la malversación en las instituciones armadas demuestra que la corrupción no es una falla del sistema, sino un atributo consustancial a la administración de un Estado diseñado para y por las élites.