A dos años de su entrada en vigencia, la Ley Karin, que obliga a las empresas a investigar el acoso laboral, sexual y la violencia en el trabajo, enfrenta su mayor amenaza. El gobierno de José Antonio Kast, fiel a su agenda de desregulación, prepara una reforma administrativa que, bajo el pretexto de la “eficiencia” y la “sobrecarga” de la Dirección del Trabajo, busca restringir el acceso a la justicia para miles de trabajadores, desnaturalizando el espíritu de una ley que nació para proteger a los más vulnerables en el lugar de trabajo.
Por Equipo El Despertar
La farsa de la “saturación” y el verdadero motivo del ajuste
El ministro del Trabajo, Tomás Rau, ha justificado los cambios en la ley argumentando que la Dirección del Trabajo (DT) está “saturada”. Según sus propias cifras, de las 68.468 denuncias ingresadas bajo la Ley Karin hasta enero de 2026, solo el 40% correspondía efectivamente a acoso o violencia laboral, mientras que el 45% no cumplía con los requisitos legales. El gobierno sostiene que la ley ha generado una “sobrecarga” que dificulta la gestión eficiente de los recursos.
Sin embargo, la solución que propone el ministro Rau no es fortalecer la institucionalidad, sino restringir el acceso. El nuevo reglamento que prepara el Ejecutivo busca “orientar mejor las denuncias”, es decir, crear filtros más estrictos para que los trabajadores no puedan canalizar sus denuncias a través de la Ley Karin. Como escribió Karl Marx en El Capital, “el capital es trabajo muerto que, como un vampiro, sólo vive chupando trabajo vivo”. La ley Karin, al establecer obligaciones de prevención e investigación, era un límite a ese vampiro. El gobierno de Kast está retirando ese límite.
El retroceso de abril y la ofensiva de julio
El plan actual no es un hecho aislado, sino la continuación de una ofensiva sistemática. El 4 de abril, el gobierno retiró de la Contraloría el Decreto N°10, una modificación al reglamento de la Ley Karin que había sido ingresada por la administración anterior para mejorar los procedimientos de investigación. La diputada Ana María Gazmuri denunció entonces un “gravísimo retroceso” y advirtió que se trataba de “debilitar la protección a víctimas”.
El subsecretario del Trabajo, Gustavo Rosende, justificó el retiro asegurando que la ley “sigue plenamente vigente” y que el gobierno solo busca “revisar” el decreto para asegurar una “implementación efectiva”. La realidad es que, al retirar el decreto, el gobierno de Kast eliminó las mejoras procesales que la administración anterior había diseñado para hacer más eficientes las investigaciones, especialmente en lo que respecta a la perspectiva de género y la no revictimización. Como escribió Friedrich Engels, “el poder del Estado no es más que el poder de la clase dominante organizado para la opresión de las clases oprimidas”.
La “eficiencia” como coartada para la desprotección
El discurso de la “eficiencia” es la coartada perfecta para una ofensiva de clase. El gobierno de Kast ha utilizado el mismo argumento para justificar los recortes en salud, educación y vivienda. Ahora, el “ajuste” llega a la Ley Karin, una de las pocas herramientas que los trabajadores tienen para enfrentar el acoso y la violencia en el lugar de trabajo.
La propuesta del gobierno no es técnica, sino política. Al reducir el número de denuncias que son investigadas, el Ejecutivo está enviando un mensaje claro a los empleadores: pueden seguir ejerciendo su poder sin temor a ser sancionados. Los trabajadores, especialmente las mujeres, que son las principales víctimas de acoso laboral y sexual, quedarán desprotegidos. La “eficiencia” que pregona el gobierno es la eficiencia del capital: menos investigaciones, menos sanciones, más impunidad.
La hipocresía del discurso de la “prevención”
El subsecretario Rosende ha declarado que “lo más importante es volver el foco a la prevención, más que a la sanción”. La declaración es una confesión de la verdadera naturaleza de la reforma: el gobierno de Kast no quiere prevenir el acoso, quiere evitar que sea sancionado. La prevención sin sanción es una carta blanca para los empleadores. Como escribió Rosa Luxemburgo, “la libertad solo para los partidarios del gobierno no es libertad”. En el Chile de 2026, la libertad de los empleadores para acosar y violentar a sus trabajadores es la otra cara de la opresión de los de abajo.
Epílogo: la lucha por la dignidad en el trabajo
La reforma a la Ley Karin es un recordatorio de que la lucha por los derechos laborales es una lucha permanente. El gobierno de Kast, que llegó al poder con el discurso de la “mano dura” y la “austeridad”, ha demostrado que su verdadera agenda es la desregulación y el debilitamiento de los derechos de los trabajadores. La Ley Karin, que nació como un hito en la protección contra el acoso laboral y sexual, está siendo desmantelada por la puerta de atrás.
La clase trabajadora no debe dejarse engañar por el discurso de la “eficiencia”. Los cambios que prepara el gobierno de Kast no son un ajuste técnico, sino un retroceso histórico en la protección de los derechos laborales. La lucha por la dignidad en el trabajo es una lucha de clases. Y en esa lucha, la Ley Karin es una trinchera que los trabajadores deben defender.