La Premio Nacional de Periodismo Mónica González reveló ante la Comisión Especial de la Cámara de Diputados que investiga el estallido social de 2019 que el entonces Presidente Sebastián Piñera fue alertado sobre la supuesta presencia de 600 agentes cubanos y venezolanos en el país, una información que jamás fue documentada y que una alta fuente del Ejército calificó como falsa. A pesar de que Piñera y su ministro de Defensa, Alberto Espina, solicitaron el respaldo escrito de esos informes, nunca lo recibieron. La periodista advirtió que entregar datos falsos a las fuerzas armadas puede tener consecuencias graves, como generar respuestas inadecuadas y favorecer contextos donde el crimen organizado se fortalece. La clase trabajadora asiste a la confirmación de una verdad incómoda: la derecha chilena, cuando se enfrenta a la rebelión popular, no duda en fabricar enemigos externos para justificar la represión, la criminalización de la protesta y la declaración de una “guerra” contra su propio pueblo.
Por Equipo El Despertar
Santiago de Chile. El 20 de octubre de 2019, en pleno estallido social, el entonces Presidente Sebastián Piñera pronunció una declaración que marcaría un punto de inflexión en la revuelta popular: “Estamos en guerra contra un enemigo poderoso, implacable, que no respeta a nada, ni a nadie, que está dispuesto a usar la violencia y la delincuencia sin ningún límite”. Casi siete años después, la Premio Nacional de Periodismo y presidenta de la Fundación CIPER, Mónica González, reveló ante la Comisión Especial de la Cámara de Diputados que aquella declaración se basó en información falsa.
La mentira como política de Estado
González declaró que al inicio de las protestas Piñera fue informado por fuentes de inteligencia sobre supuestos agentes cubanos y venezolanos que habrían ingresado desde Bolivia para desestabilizar y derrocar su gobierno. La periodista señaló que tanto el exmandatario como su entonces ministro de Defensa, Alberto Espina, le confirmaron que pidieron el respaldo documental de esos informes, pero que nunca lo recibieron. “Una alta fuente del Ejército le manifestó, con preocupación por la soberanía, que la información era falsa”.
El origen de la información apunta a dos versiones que coinciden en el contenido pero difieren en la fuente. Una señala que fue el entonces director de Inteligencia del Ejército, general Guillermo Paiva, quien informó que la inteligencia venezolana y cubana habían gestado una ofensiva insurreccional en Chile. La segunda versión indica que el dato provino de la inteligencia militar boliviana, la cual, según González, “organizaba un golpe de Estado que llevaría a Jeanine Áñez al poder”.
El informe que identificó a un youtuber como jefe del Sebin
La Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE) advirtió el ingreso clandestino de un “batallón de 600 agentes” de inteligencia venezolanos y cubanos. En el documento se identificó a Pedro Carvajalino de “Zurda Konducta” como jefe en Chile del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin). Sin embargo, Carvajalino es un youtuber e influencer partidario de Nicolás Maduro.
Consultado sobre la filtración, Piñera afirmó que durante el estallido social “recibimos muchos informes” y que cada vez que habían antecedentes relevantes los pusieron a disposición de la Fiscalía. Su entonces ministro del Interior, Víctor Pérez, sostuvo que “los informes de inteligencia son insumos para las decisiones de la autoridad” y que no consideraba que se hubiera cometido un error porque ese no fue el único informe que el Gobierno tuvo en cuenta.
La función de clase de la mentira
Desde una perspectiva marxista, esta fabricación de un enemigo externo no fue un error o una mala interpretación. Fue una estrategia deliberada de la derecha chilena para deslegitimar la rebelión popular y justificar la represión. Al presentar a los manifestantes como parte de una conspiración internacional, Piñera buscaba desviar la atención de las demandas legítimas del pueblo —salud, educación, pensiones dignas— y criminalizar la protesta social.
González advirtió que “en momentos de crisis las decisiones se tienen que tomar sobre información fidedigna, que asegure la soberanía nacional y el cuidado de los ciudadanos”. Pero la derecha chilena, cuando se enfrenta a la rebelión popular, no duda en fabricar enemigos externos para justificar la guerra contra su propio pueblo. El “enemigo poderoso” que Piñera invocó no estaba en Caracas o en La Habana; estaba en las calles de Chile, exigiendo justicia social.
Epílogo: la guerra contra el pueblo
El informe sobre los 600 agentes cubanos y venezolanos nunca fue documentado. Nunca existió. Pero sirvió para justificar la declaración de “guerra” contra la ciudadanía, la represión con perdigones en los ojos, las violaciones a los derechos humanos y la criminalización de una generación que se atrevió a exigir un país más justo.
González advirtió que entregar datos falsos a las fuerzas armadas y policiales puede tener consecuencias graves, como generar respuestas inadecuadas y favorecer contextos donde el crimen organizado se fortalece. Los efectivos policiales habrían destinado tiempo y recursos a investigar a supuestos agentes extranjeros sin una justificación real, en lugar de enfocarse en las protestas ciudadanas.
La clase trabajadora no debe olvidar esta lección. La derecha chilena, cuando se enfrenta a la rebelión popular, fabrica enemigos externos para justificar la represión. Pero el verdadero enemigo no está en el extranjero: está en el sistema que condena a las mayorías a la precariedad, mientras los grupos económicos se embolsan las ganancias. La guerra que Piñera declaró no era contra agentes cubanos o venezolanos; era contra el pueblo de Chile. Y esa guerra, como todas las guerras de clase, la seguirán pagando los de abajo.