El Presidente José Antonio Kast ha instalado en la agenda pública un debate sobre beneficios humanitarios para reclusos con enfermedades terminales o en estado de demencia avanzada, defendiendo que “nadie merece morir en la cárcel sin saber que está en la cárcel”. La iniciativa, que fue aprobada en general por el Senado en marzo por un estrecho margen de 23 votos contra 22, ha reabierto la pregunta incómoda: ¿el criterio humanitario alcanzaría también a los condenados por delitos de lesa humanidad recluidos en el ex penal Punta Peuco? La hipocresía del discurso oficial es monumental: la misma administración que impulsa una reforma constitucional para crear un nuevo estado de excepción que restringe derechos y que endurece las penas para los sectores populares, ahora se presenta como defensora de la “humanidad” y la “dignidad” de los reclusos terminales, en un intento calculado de mejorar su imagen mientras el sistema penitenciario sigue siendo una máquina de exterminio para los de abajo.
Por Equipo El Despertar
Santiago de Chile. La tarde del lunes, el Presidente José Antonio Kast utilizó una entrevista en Radio Duna para plantar una bandera que ha desconcertado a propios y extraños. “Nadie merece morir en la cárcel sin saber que está en la cárcel”, sostuvo el mandatario, atribuyendo la frase al juez español Baltasar Garzón. “Si una persona tiene un cáncer terminal, ¿lo vamos a dejar morir en la cárcel? Yo creo que no”, defendió. El presidente fue categórico en que la iniciativa no se trata de indultos, sino de un asunto “humanitario” que le corresponde al Congreso.
Detrás de la retórica humanitaria, sin embargo, se esconde una maniobra política que ha abierto una grieta en el oficialismo. El proyecto de conmutación de penas para reos de avanzada edad o con enfermedades terminales fue aprobado en general por el Senado en marzo con 23 votos a favor y 22 en contra, pero su tramitación ha quedado empantanada ante el fantasma de que pueda beneficiar a los condenados por delitos de lesa humanidad recluidos en el ex penal Punta Peuco.
La farsa del debate humanitario: el doble estándar de la derecha
La hipocresía del gobierno alcanza niveles grotescos cuando se contrasta su discurso humanitario con sus propias políticas. La misma administración que encontró tiempo y recursos para aprobar una megareforma que transfiere 4.000 millones de dólares anuales desde el Estado hacia las grandes empresas, que recortó la gratuidad universitaria y desfinanció la salud pública, que anunció un ajuste fiscal de 6.000 millones de dólares, ahora se presenta como defensora de la “dignidad” de los reclusos terminales.
El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, fue aún más lejos al respaldar el debate, vinculándolo a la crisis del sistema penitenciario: “Hay un tema de economía práctica que a esta altura créame que me preocupa, con una sobrepoblación de un 150%”, apuntó. Arrau incluso declaró que, si fuera preso, “preferiría estar en una de esas cárceles [de Bukele] allá que en una que tenemos nosotros acá”. La declaración es una confesión involuntaria: el gobierno sabe que el sistema penitenciario chileno es una máquina de tortura y muerte, pero su solución no es reformarlo, sino trasladar el problema a los hogares de los reclusos terminales, mientras los de abajo siguen pudriéndose en las cárceles.
La respuesta de Arrau a la pregunta sobre si el criterio humanitario alcanzaría a los condenados por violaciones a los derechos humanos fue igualmente reveladora: “Un homicida, una persona que viola, también es una persona que vulnera los derechos humanos”, respondió, agregando que “la mayoría de las personas presas en nuestro país han violado derechos humanos” en el sentido amplio del término. La declaración es una banalización de los crímenes de lesa humanidad, una equiparación grotesca entre el torturador y el ladrón de gallinas.
La grieta en el oficialismo: la UDI se desmarca
El debate humanitario ha abierto una grieta en el oficialismo que amenaza con hacer naufragar la iniciativa. La bancada de la UDI, el partido más cercano a las Fuerzas Armadas y al legado de la dictadura, ha anunciado que presentará un proyecto para excluir de estos beneficios a los violadores de derechos humanos. La maniobra es un intento desesperado por contener el daño político que podría significar que condenados por crímenes de lesa humanidad —como los agentes de la DINA que torturaron y asesinaron a miles de chilenos— puedan abandonar la cárcel en sus últimos días.
El diputado José Carlos Meza, del Partido Republicano, ya había abierto la caja de Pandora en diciembre de 2025 al declarar que apoyaría conmutar las penas de reos terminales “sin hacer distinciones”. La declaración provocó una tormenta política que Kast intentó apagar sin éxito. Ahora, la presión de la UDI ha forzado al gobierno a retroceder, demostrando que la “humanidad” que pregona el Presidente tiene límites muy claros: los límites que impone la clase dominante.
La función de clase del debate humanitario
Desde una perspectiva marxista, el debate sobre los beneficios humanitarios para reos terminales no es un debate sobre la dignidad humana, sino sobre la gestión de la crisis del sistema penitenciario. El capitalismo chileno, que ha construido un sistema carcelario diseñado para disciplinar a los sectores populares, se enfrenta ahora a una crisis de sobrepoblación que amenaza con desbordar sus mecanismos de control. La solución no es reformar el sistema, sino deshacerse de los reclusos más costosos —los ancianos y los enfermos terminales— mediante beneficios humanitarios que, en los hechos, son una forma de externalizar el costo de su cuidado hacia sus familias.
La hipocresía del gobierno es monumental. Mientras el Presidente Kast se presenta como defensor de la “humanidad” de los reclusos terminales, su gobierno impulsa una reforma constitucional que crea un nuevo estado de excepción para restringir derechos y endurece las penas para los delitos asociados al crimen organizado. La “mano dura” es para los de abajo; la “humanidad” es para los de arriba. Los delincuentes comunes, los jóvenes de los barrios populares, los pobladores que cometen delitos menores, no tienen derecho a una muerte digna. Solo los reclusos que, por su edad o su enfermedad, se han convertido en una carga para el sistema, merecen la “compasión” del Estado.
El proyecto de conmutación de penas no es una medida de justicia social, sino una operación de gestión de la crisis carcelaria. Como ha señalado el propio ministro Arrau, el sistema penitenciario tiene una sobrepoblación del 150%. La solución del gobierno no es invertir en rehabilitación, en salud penitenciaria o en alternativas a la prisión, sino deshacerse de los reclusos que ya no pueden ser explotados como mano de obra o como ejemplos de disciplina. La “humanidad” del discurso oficial es, en los hechos, una forma de abandono.
Epílogo: la caridad de los patrones
El debate sobre los beneficios humanitarios para reos terminales ha expuesto, una vez más, la doble moral de la clase dominante chilena. La misma derecha que se rasga las vestiduras por la “dignidad” de los reclusos terminales es la que mantiene un sistema penitenciario que es una fábrica de muerte para los de abajo. La misma administración que defiende la “humanidad” de los condenados por delitos de lesa humanidad es la que impulsa una reforma constitucional para crear un estado de excepción que restringe derechos y criminaliza a los sectores populares.
El proyecto de conmutación de penas, aprobado por un estrecho margen en el Senado, no es una victoria de la justicia, sino una concesión del capital a sus propias contradicciones. La clase trabajadora no debe dejarse engañar por el discurso humanitario del gobierno de Kast. La “humanidad” que pregona el Presidente es la humanidad de los patrones: una humanidad que se aplica con cuentagotas, que se niega a los de abajo y que se otorga a los de arriba cuando ya no son útiles para el sistema. Mientras el gobierno de Kast siga defendiendo la “mano dura” para los pobres y la “humanidad” para los poderosos, la caridad de los patrones seguirá siendo una farsa.