Lo que debía ser el segundo gran triunfo legislativo del gobierno de José Antonio Kast se ha convertido en un naufragio anunciado. La reforma constitucional en seguridad, ingresada con suma urgencia al Senado, no solo ha sido rechazada por la oposición de izquierda, sino que ha abierto una grieta profunda en el propio oficialismo. Senadores de RN, Evópoli y el Partido Nacional Libertario han cuestionado abiertamente la iniciativa, advirtiendo que la creación de un estado de excepción que permitiría restringir derechos hasta por 240 días sin control del Congreso es un paso peligroso que “linda con algo tremendamente peligroso en un Estado de derecho”. El gobierno de la “mano dura”, que llegó al poder prometiendo poner de rodillas a la delincuencia, hoy se enfrenta a la posibilidad de su primer gran fracaso legislativo, mientras los barrios populares siguen sangrando y la clase trabajadora sigue esperando soluciones concretas.
Por Equipo El Despertar
Santiago de Chile. La tarde del lunes 17 de agosto, el Presidente José Antonio Kast ingresó al Senado, con suma urgencia y un plazo de 15 días para su discusión, el proyecto de reforma constitucional que busca convertir la seguridad pública en un deber del Estado y crear un nuevo estado de excepción para enfrentar el crimen organizado. Pero lo que debía ser el segundo gran triunfo legislativo del gobierno —tras la megareforma económica— se ha convertido en un nuevo dolor de cabeza para La Moneda.
La propuesta original, que contemplaba 11 modificaciones a la Carta Fundamental, fue recortada a ocho en un intento desesperado por calmar las aguas en el oficialismo. Pero el ajuste no ha sido suficiente. El proyecto, que requiere un quórum de 4/7 (29 votos en el Senado), enfrenta un escenario complejo, con críticas tanto en la oposición como en el propio oficialismo.
El estado de excepción como caballo de Troya
El corazón de la controversia es la creación de un nuevo “Estado de Excepción Constitucional de Seguridad Pública”, una figura distinta de los estados de asamblea, sitio, catástrofe y emergencia que ya contempla la Constitución. La nueva herramienta podría aplicarse en territorios acotados como barrios o sectores urbanos, es decir, precisamente en los lugares donde vive la clase trabajadora.
El proyecto establece una duración inicial máxima de 120 días, prorrogables por otros 120 sin intervención del Congreso. Durante su vigencia, el Presidente podría suspender o restringir la libertad personal y de locomoción, el derecho de reunión y asociación, interceptar comunicaciones y disponer requisiciones de bienes. Un oficial general designado por el jefe de Estado quedaría al mando de la zona sometida al régimen.
La amplitud de esas facultades ha abierto los mayores reparos. El senador Luciano Cruz-Coke (Evópoli) fue categórico: el estado de excepción de 120 o 140 días prorrogable sin intervención del Congreso “otorga al Presidente una cantidad de atribuciones que, la verdad, yo creo que lindan con algo que a mí me parece tremendamente peligroso en un Estado de derecho”.
El frente interno: el oficialismo se desangra
El mayor problema del gobierno no está en la oposición, sino en sus propias filas. La senadora Vanessa Kaiser (Partido Nacional Libertario) fue explícita: el proyecto, tal como está planteado, “no va a cambiar absolutamente nada la realidad de lo que estamos padeciendo en términos de delincuencia”. Y fue más lejos: “No tiene ningún sentido” elevar a rango constitucional medidas que debieran ser materia de ley.
El senador Matías Walker (Demócratas) calificó la iniciativa como una “pirotecnia constitucional” destinada a obtener réditos en las encuestas. Según Walker, el Ejecutivo sabe que el proyecto enfrenta dificultades para alcanzar los 29 votos que necesita en el Senado. “El Gobierno sabe que es un proyecto que no reúne los requisitos mínimos de las bases de un Estado de Derecho”, afirmó. Y acusó una falta total de diálogo prelegislativo: “Hubo cero diálogo prelegislativo”.
Incluso el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, advirtió que, en las condiciones actuales, su partido no puede apoyar las reformas constitucionales de seguridad porque “dañan la institucionalidad”. El senador RN Andrés Longton fue más diplomático pero igualmente crítico: “La Constitución no puede ser un árbol de Pascua”.
La voz de la oposición: el gobierno de los patrones se retrata
El expresidente Gabriel Boric fue categórico: la reforma es una “limitación de libertades inédita en la democracia chilena” que busca instaurar un “estado de sitio de 240 días con la atribución exclusiva del Presidente de la República”. Boric llamó a la oposición a articular una posición “franca, respetuosa, pero abierta, clara y firme” frente a una reforma “regresiva”.
El diputado Jaime Bassa (FA) calificó la propuesta como un intento de “contrabandear” una agenda autoritaria bajo la bandera de la seguridad. El diputado Raúl Leiva (PS) emplazó al gobierno a ordenar a su propio sector, advirtiendo que “cuando un gobierno no tiene conducción firme, le hace mal al país”.
La función de clase del estado de excepción
Desde una perspectiva marxista, la reforma constitucional de seguridad no es una respuesta a la delincuencia, sino la profundización de la lógica de clase que gobierna el Estado chileno. El nuevo estado de excepción no es una herramienta para proteger a la ciudadanía, sino un dispositivo de control social que permitirá al Ejecutivo suspender derechos y militarizar territorios sin control parlamentario.
La misma administración que encontró tiempo y recursos para aprobar una megareforma que transfiere 4.000 millones de dólares anuales desde el Estado hacia las grandes empresas, que recortó la gratuidad universitaria y desfinanció la salud pública, dice ahora necesitar un “estado de sitio por 240 días” para proteger a los ciudadanos. La hipocresía es monumental: el gobierno de la “mano dura” no tiene un plan para combatir el crimen organizado, sino un plan para blindar el aparato represivo y criminalizar a los sectores populares.
La facultad del Presidente para declarar que una agrupación constituye una organización terrorista o de crimen organizado es una violación flagrante de la separación de poderes y del debido proceso. El registro de organizaciones criminales, otra de las medidas propuestas, permitirá al Estado construir un archivo de sospechosos sin necesidad de condena judicial.
Epílogo: el naufragio de la “mano dura”
El proyecto de reforma constitucional en seguridad ha abierto una grieta profunda en el oficialismo que amenaza con hacer naufragar la iniciativa. La Moneda necesita 29 votos en el Senado, pero ni siquiera cuenta con la certeza de los 26 votos de su propia coalición. El principal reparo, el estado de excepción que permitiría restringir derechos durante hasta 240 días sin autorización inicial del Congreso, ha sido cuestionado incluso por senadores de RN y Evópoli.
La clase trabajadora no debe dejarse engañar por el espectáculo de la “mano dura”. La seguridad no se construye con más cárceles ni con estados de excepción que blindan al aparato represivo. La seguridad se construye con inversión social, con empleo digno, con educación pública y con un Estado que esté al servicio de las mayorías, no de los intereses de los grupos económicos que se benefician del miedo.
El gobierno de Kast ha demostrado una vez más que su única prioridad no es proteger a los de abajo, sino consolidar un dispositivo de control que discipline a los sectores populares mientras el capital sigue haciendo su agosto con el saqueo del erario. La reforma constitucional de seguridad, como la megareforma económica antes que ella, no es una solución; es un síntoma. El naufragio de la “mano dura” está a la vista. La clase trabajadora, una vez más, espera soluciones que no llegan.