La noche del miércoles 22 de julio, una balacera en pleno Santiago Centro dejó a un joven colombiano de 23 años muerto y a una chilena de 18 años herida de gravedad en las piernas. El ataque, perpetrado desde un vehículo en movimiento, no fue un hecho aislado: apenas diez días antes, un violento “turbazo” en San Bernardo —con asaltantes vestidos de policías— dejó una víctima en riesgo vital . Y días antes, en Puente Alto, el cadáver de una mujer de 19 años fue hallado en su domicilio con heridas cortantes, tras haber denunciado violencia intrafamiliar la noche anterior. Mientras el gobierno de José Antonio Kast se ufana de una “caída del 13% en los homicidios” y celebra que los robos con violencia disminuyeron un 16% a nivel nacional, la clase trabajadora de la Región Metropolitana sigue siendo la principal víctima de una violencia que el Estado no logra contener, y que el modelo neoliberal profundiza con su receta de ajuste, precarización y abandono de los barrios populares.
La Región Metropolitana se ha consolidado como el epicentro del crimen organizado y la violencia armada en Chile. Según el Informe Nacional de Víctimas de Homicidio 2025, en la capital se contabilizaron 525 homicidios consumados, una cifra que, aunque inferior a las 553 del año anterior, sigue siendo alarmante. Lo que el discurso oficial oculta es que estos crímenes no se distribuyen de manera homogénea: golpean con especial fuerza a las comunas populares del sur y poniente de Santiago, donde la pobreza, el desempleo y la falta de oportunidades convierten a los jóvenes en carne de cañón para el crimen organizado y para las balas de los conflictos territoriales.
La hipocresía de la “mano dura” y el discurso de la “baja”
El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, ha desplegado una intensa campaña mediática para instalar la narrativa de la “baja de los delitos”. El 13 de julio, informó que los robos con violencia disminuyeron un 16% a nivel nacional y un 20,3% en la Región Metropolitana. La semana anterior, había reportado una caída del 13% en los homicidios a nivel nacional, con 442 víctimas.
Pero lo que el ministro omite en su discurso triunfalista es que los delitos asociados a drogas y armas han aumentado un 19,9% y un 14,7% respectivamente. El mismo gobierno que se jacta de haber reducido los robos es el que ha visto crecer la violencia asociada al narcotráfico y al tráfico de armas, una violencia que se expresa en las balaceras que han sacudido Santiago en las últimas semanas.
La hipocresía es monumental. El gobierno de Kast ha recortado el presupuesto del Ministerio de Seguridad Pública, ha desmantelado programas de prevención social y ha impulsado una agenda de “mano dura” que se limita a más policías y más cárceles, sin abordar las causas estructurales de la violencia. Como ha señalado la prensa internacional, en sus primeros 100 días de gobierno, Kast “giró su foco hacia el reordenamiento económico”, desplazando la promesa de “tolerancia cero con el crimen organizado”. El resultado es una seguridad que se gestiona con estadísticas maquilladas, mientras los barrios populares siguen ardiendo.
El rostro de clase de la violencia: los barrios pobres como campo de batalla
La violencia en la Región Metropolitana no es un fenómeno abstracto. Tiene un rostro de clase: golpea con especial fuerza a los sectores populares, a los jóvenes de las periferias, a las mujeres que viven en situación de vulnerabilidad. El caso de la mujer de 19 años asesinada en Puente Alto es un ejemplo de cómo la violencia de género se entrelaza con la precariedad y el abandono estatal. La víctima había denunciado violencia intrafamiliar la noche anterior, pero el Estado no pudo protegerla. Su cuerpo fue encontrado al interior de su domicilio, en una comuna donde la presencia policial es escasa y los servicios sociales son insuficientes.
El caso del “turbazo” en San Bernardo es otro síntoma de la misma lógica: cinco sujetos vestidos de policías dispararon a una víctima en la entrada de su domicilio, dejándola en riesgo vital. La utilización de uniformes falsos no es un detalle menor: revela cómo el crimen organizado se apropia de los símbolos del Estado para ejercer su dominio sobre los territorios populares. El Estado, en lugar de estar presente, es suplantado por una versión criminal de sí mismo.
La función de clase del discurso de la “seguridad”
Desde una perspectiva marxista, el discurso de la “seguridad” que ha instalado el gobierno de Kast no es un esfuerzo genuino por proteger a la ciudadanía, sino un instrumento de disciplinamiento de clase. La “mano dura” no se aplica contra el crimen organizado que opera con la complicidad de las élites; se aplica contra los jóvenes de los barrios populares, contra los migrantes, contra los manifestantes. La seguridad se convierte así en una coartada para la represión y el control social.
El despliegue de drones y 67 carabineros en Lo Barnechea y San Bernardo, encabezado por el propio ministro Arrau, es una muestra de esta lógica. El operativo, presentado como una “fiscalización masiva”, se concentró en puntos críticos como el Cerro 18. Pero la pregunta que la clase trabajadora debe formularse es: ¿por qué el Estado no despliega la misma energía y los mismos recursos para garantizar vivienda digna, empleo y educación en esos mismos territorios? La respuesta es evidente: la seguridad no es un derecho, es un negocio. Y el negocio de la seguridad requiere mantener a los sectores populares bajo control, no sacarlos de la pobreza.
Epílogo: la lucha por la vida en el Chile de los patrones
La Región Metropolitana arde bajo el fuego de una violencia que el gobierno de Kast no puede ni quiere detener. Las balaceras en Santiago Centro, los “turbazos” en San Bernardo, los femicidios en Puente Alto y los portonazos en Las Condes son episodios de una misma historia: la historia de un modelo económico que condena a los sectores populares a la precariedad y al abandono, mientras el Estado se limita a gestionar la violencia con estadísticas maquilladas y operativos mediáticos.
La clase trabajadora no debe dejarse engañar por el discurso de la “baja de los delitos”. La violencia que se cobra la vida de un joven colombiano en Santiago Centro no es un accidente; es el producto de un sistema que criminaliza a los migrantes, que abandona a los jóvenes de los barrios populares y que convierte la seguridad en un privilegio de los ricos. Mientras el gobierno de Kast siga apostando por la “mano dura” y el ajuste fiscal, la violencia seguirá siendo la moneda corriente en las calles de Santiago. La única manera de detenerla no es con más policías ni con más cárceles, sino con más justicia social, más inversión en los barrios populares y más presencia del Estado en los territorios que hoy son el campo de batalla del capital.