Mientras el país asiste a la persecución implacable de los movimientos sociales, de los enemigos del sistema y la clase trabajadora, el Ministerio Público ha puesto en marcha un mecanismo que solo puede describirse como una operación de blindaje de las élites. La decisión de la Fiscalía de retirar más de 12 mil páginas de chats entre el abogado Luis Hermosilla y el exministro Andrés Chadwick de la carpeta investigativa para “depurarlos”, con el argumento de que no son “atinentes al caso”, ha sido calificada de “preocupante” por la abogada querellante María Inés Horvitz. La jugada es un calco de las viejas artes del lawfare: cuando las pruebas pueden salpicar a los poderosos, se les retira del expediente, se les “depura”, se les borra del mapa judicial. La clase trabajadora asiste, una vez más, a la confirmación de una verdad incómoda: el Estado de los patrones no persigue a los de arriba, los protege.
Por Equipo El Despertar
Santiago de Chile. Hace apenas dos semanas, la noticia sacudió los pasillos del poder judicial: más de 12 mil páginas de chats entre el exministro del Interior Andrés Chadwick y el abogado Luis Hermosilla —incluyendo conversaciones por Telegram, la aplicación que usaban para hablar de “cosas confidenciales”— habían sido incorporadas a la investigación contra el exfiscal Manuel Guerra. Los mensajes, que datan de 2018, evidenciaban gestiones directas de Chadwick para influir en la Fiscalía y cerrar causas por financiamiento ilegal de la política. La pregunta que la clase trabajadora debe formularse es simple: ¿por qué, si estos chats eran tan relevantes, la Fiscalía los retiró de la carpeta virtual y ahora los quiere “depurar”?
La respuesta, como siempre, es de clase. La abogada querellante María Inés Horvitz fue clara al denunciar que los chats habían sido subidos a la carpeta virtual, pero a los pocos días ya no estaban disponibles. Al consultar al fiscal a cargo, le señalaron que “la carpeta fue retirada para depurarla de chats que no son atinentes al caso”. La explicación es, cuando menos, sospechosa. Como señaló Horvitz, “no se hizo lo mismo con la carpeta de chats entre Guerra y Hermosilla, que estaba plagada de chats impertinentes y que nunca se limpiaron”.
El “filtro” de la impunidad: la depuración selectiva como política de clase
La decisión de la Fiscalía de retirar los chats de Chadwick y Hermosilla para “depurarlos” no es un acto técnico neutral. Es la continuación de una práctica que la derecha chilena ha perfeccionado durante décadas: cuando las pruebas amenazan con salpicar a los poderosos, se las retira del expediente, se les da un “tratamiento especial”, se les “depura”. Como advierte Horvitz, “no hay forma de saber qué chats fueron eliminados y si ellos eran realmente impertinentes”. La falta de transparencia no es un error, sino una característica del sistema.
La abogada querellante fue categórica al advertir sobre la pérdida de credibilidad del Ministerio Público: “Nos preocupa que se instale la idea de que el Ministerio Público actúa con lenidad en delitos tan graves de corrupción pública, particularmente cuando involucra a una exalta autoridad de su propia institución”. La denuncia es una confesión involuntaria: la Fiscalía, lejos de ser un ente imparcial, opera como un dispositivo de protección de las élites.
La doble vara de la justicia: la ley para los de abajo, la impunidad para los de arriba
Mientras el sistema judicial se ensaña con los manifestantes, los pobladores y los trabajadores que luchan por sus derechos, los poderosos disfrutan de un estatuto de excepción. El mismo Estado que persigue con saña a los jóvenes de los barrios populares por delitos menores, es el que retira 12 mil páginas de chats del expediente para proteger a un exministro del Interior. La “depuración” de los chats de Chadwick y Hermosilla no es una anomalía, sino la expresión de la lógica de clase que gobierna el sistema judicial chileno.
Horvitz también cuestionó la oferta de un procedimiento abreviado para Manuel Guerra, señalando que la Fiscalía “nunca nos llamó para saber nuestra posición como querellantes. Hemos sido marginados de cualquier tratativa porque muy seguramente sabían que no estaríamos de acuerdo con ellas”. La exclusión de los querellantes del proceso no es un accidente: es la confirmación de que la justicia, en el Chile de los patrones, es un negocio de las élites, donde los de abajo no tienen voz ni voto.
El lawfare como mecanismo de clase
Desde una perspectiva marxista, el caso de los chats de Hermosilla y Chadwick es la confirmación de que el lawfare no es una desviación del sistema, sino su característica central. El Ministerio Público, lejos de ser un ente imparcial, opera como un dispositivo de clase que persigue a los de abajo y protege a los de arriba. La “depuración” de los chats no es un acto técnico, sino un mecanismo de blindaje de las élites, que utiliza el argumento de la “pertinencia” para eliminar del expediente las pruebas que podrían comprometer a los poderosos.
La clase trabajadora no debe dejarse engañar por el espectáculo de la “mano dura” contra la corrupción. La verdadera corrupción no está en los chats de Hermosilla y Chadwick, sino en un sistema que permite que esos chats sean retirados del expediente para proteger a los poderosos. Mientras los de abajo son condenados con todo el peso de la ley, los de arriba disfrutan de un estatuto de excepción que les permite dilatar procesos, destruir pruebas y, en última instancia, salir impunes.
Epílogo: la deuda del sistema con los de abajo
La “depuración” de los chats de Hermosilla y Chadwick no es el fin de la historia, sino su continuación. La Fiscalía ha demostrado una vez más que está dispuesta a proteger a los poderosos, incluso si eso significa borrar del expediente miles de páginas de pruebas. La clase trabajadora debe entender que la lucha por la justicia no se ganará en los tribunales burgueses, sino en las calles y en la conciencia del pueblo.
Mientras los chats de Chadwick y Hermosilla son retirados del expediente para ser “depurados”, los trabajadores siguen esperando que sus salarios alcancen para llegar a fin de mes. La “depuración” de la justicia no es un acto técnico, sino la confirmación de que el sistema judicial chileno está diseñado para proteger a los de arriba y perseguir a los de abajo. La lucha por la justicia es la lucha por un sistema que no tenga una doble vara, y esa lucha, como siempre, la libran los de abajo.