Mientras la clase trabajadora enfrenta un desempleo del 9,4%, recortes en salud, vivienda y educación, el gobierno de José Antonio Kast ha acelerado la venta de activos del Estado como si se tratara de una liquidación de saldo. La misma administración que encontró tiempo y recursos para regalar 4.000 millones de dólares a las grandes empresas mediante la megareforma tributaria, ahora pretende vender la participación del Estado en las empresas sanitarias (por US$150 millones), inmuebles fiscales, y activos de Codelco, para “hacer caja” y recomponer el Fondo de Estabilización Económica y Social (FEES). La hipocresía es monumental: el gobierno de la “emergencia” no tiene problemas en deshacerse del patrimonio de todos los chilenos para financiar su propio desgobierno, mientras los de abajo siguen pagando el costo de un modelo que los excluye y los explota.
Por Equippo El Despertar
Santiago de Chile. La maquinaria de desposesión del gobierno de José Antonio Kast se ha puesto en marcha a toda velocidad. Este jueves 20 de agosto, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, confirmó ante la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados que el Ejecutivo trabaja en un plan para vender activos “prescindibles” del Estado para hacer “caja” e inyectar recursos al FEES. “No tiene ningún sentido guardarlos. El FEES se recupera vendiendo activos”, declaró el secretario de Estado. La declaración es una confesión de clase: para la derecha chilena, el patrimonio público no es un bien común, sino un conjunto de mercancías que pueden ser liquidadas cuando el Estado necesita dinero.
Pero la venta de activos no es una medida de emergencia; es la continuación de la misma lógica que ha guiado al gobierno desde su llegada a La Moneda. En abril, el ministro Quiroz ya había anunciado una revisión del portafolio de bienes y activos fiscales para evaluar posibles ventas. En junio, el Ministerio de Bienes Nacionales confirmó que más de 350 inmuebles fiscales saldrían a la venta a fines de 2026. En agosto, el biministro de Economía, Daniel Mas, confirmó que el gobierno evalúa vender la participación minoritaria del Estado en las empresas sanitarias Aguas Andinas, Esval, Essbio y Suralis. La operación permitiría recaudar alrededor de US$150 millones, pero también implicaría perder atribuciones especiales sobre derechos de agua y concesiones sanitarias.
Y el remate no termina ahí. El senador Arturo Squella, presidente del Partido Republicano, ha planteado abiertamente la privatización de Codelco, la principal empresa del país. El gobierno ha descartado una privatización total, pero ha admitido la posibilidad de vender activos no estratégicos de la cuprífera estatal para sanear las arcas fiscales. La estrategia es clara: vender todo lo que se pueda vender, aunque eso signifique entregar el patrimonio de los chilenos a manos privadas.
El negocio del agua: vender la última gota del Estado
El caso de las sanitarias es particularmente revelador de la lógica de clase que guía al gobierno. El Estado, a través de Corfo, mantiene cerca del 5% de la propiedad de Aguas Andinas, Esval, Essbio y Suralis. La participación es minoritaria, pero su venta no es un acto neutro. Como advierte el propio gobierno, la operación implicaría perder atribuciones especiales sobre eventuales transacciones relacionadas con derechos de agua y concesiones sanitarias. En otras palabras: el Estado dejaría de tener voz y voto sobre el recurso más estratégico del país.
El ministro Mas ha intentado justificar la medida argumentando que responde a la “decisión del gobierno del presidente Kast de hacer una revisión profunda de los activos del Estado, para efectos de liberar recursos que no están siendo utilizados de la manera más eficiente posible y poder destinarlos a las personas más necesitadas”. Pero la hipocresía del discurso es evidente: el mismo gobierno que no encuentra recursos para la salud, la educación y la vivienda de los sectores populares, ahora quiere vender el agua de todos los chilenos para recomponer el FEES.
La liquidación de Codelco: el cobre como botín del capital
La amenaza de privatización de Codelco es el eslabón más grave de esta cadena de desposesión. La empresa estatal, símbolo de la soberanía nacional y de la lucha de los trabajadores por el control de los recursos naturales, está en la mira de los sectores más extremos del oficialismo. La propuesta de Squella de abrir Codelco a capitales privados ha encendido las alarmas en la Federación de Trabajadores del Cobre (FTC). Su presidente, Héctor Roco, fue categórico: “Si estamos en distintas veredas es porque estamos para defender Codelco. Vamos a defenderla con ingeniería pura y, si no resulta, la vamos a defender en la calle. Por la razón o la fuerza”.
El gobierno ha intentado tomar distancia, asegurando que no privatizará Codelco. Pero la letra chica revela la verdadera intención. El ministro Mas ha admitido que existe la posibilidad de vender activos no estratégicos de la empresa para sanear las arcas fiscales. Como denunció Hernán Saavedra, presidente del sindicato de Chuquicamata, “vender activos es lo mismo que privatizar. Hacen aparecer ineficiente a Codelco para vendérsela a los mismos de siempre”.
La función de clase de la desposesión
Desde una perspectiva marxista, la venta de activos del Estado no es una medida de eficiencia, sino la expresión de la lógica de clase que gobierna el capitalismo chileno. El Estado no es un ente neutral al servicio del bien común, sino un instrumento al servicio de la acumulación del capital. La venta de las sanitarias, de los inmuebles fiscales y de los activos de Codelco no es un acto administrativo, sino una transferencia de riqueza desde el conjunto de la sociedad hacia los grupos económicos que ya concentran el poder.
La hipocresía del gobierno alcanza niveles grotescos cuando se contrasta esta política de desposesión con su discurso de “austeridad” y “orden fiscal”. La misma administración que encontró tiempo y recursos para aprobar una megareforma que transfiere 4.000 millones de dólares anuales desde el Estado hacia las grandes empresas, que recortó la gratuidad universitaria y desfinanció la salud pública, que anunció un ajuste fiscal de 6.000 millones de dólares, ahora pretende vender el patrimonio de todos los chilenos para tapar los agujeros que ella misma ha creado.
El ministro Quiroz ha sido explícito: recuperar el FEES “por la vía de lograr un superávit es muy largo y nos demoraría mucho tiempo”. Es decir: en lugar de aumentar los impuestos a los ricos o reducir el gasto militar, el gobierno prefiere liquidar el patrimonio público. La “eficiencia” que pregona la derecha no es una gestión racional de los recursos, sino la venta de todo lo que no esté amarrado.
Epílogo: el patrimonio de los de abajo como botín de los de arriba
La venta de activos del Estado no es una medida excepcional; es la culminación de un proceso que la derecha chilena ha venido impulsando desde el retorno a la democracia. La misma lógica que permitió la privatización de las empresas públicas en los años 80 y 90 es la que hoy guía al gobierno de Kast: el Estado debe deshacerse de todo lo que no sea directamente funcional a los intereses del capital.
La clase trabajadora no debe dejarse engañar por el discurso de la “eficiencia” y la “modernización”. La venta de las sanitarias, de los inmuebles fiscales y de los activos de Codelco no es una medida para mejorar la gestión pública, sino una transferencia de riqueza desde el conjunto de la sociedad hacia los grupos económicos. El agua, el cobre y la tierra no son mercancías; son patrimonio de todos los chilenos. Y el gobierno de Kast, al ponerlos en venta, está liquidando el futuro de los de abajo para salvar las arcas de los de arriba.
Mientras los ministros celebran la venta de activos como un “éxito” de su gestión, los trabajadores siguen esperando que sus salarios alcancen para llegar a fin de mes. El patrimonio de los chilenos se vende por monedas, y los de abajo, una vez más, pagan el costo de la codicia de los de arriba. La lucha por defender lo público es la lucha por la dignidad de toda la clase trabajadora.