En los territorios populares, expoliados por décadas de ajuste neoliberal, el narco actúa como un mecanismo de desposesión de segunda intensidad. No solo expropia el espacio público y destruye la vida comunitaria, sino que extrae las escasas rentas de la clase trabajadora precarizada a través del consumo de sustancias de alta adicción y bajo costo. Esta dinámica fragmenta la conciencia de clase y sustituye la solidaridad de los oprimidos por la tiranía territorial de un proto-capitalista armado. El reclutamiento de jóvenes de las poblaciones no es más que la captación de un ejército industrial de reserva marginado, al que se somete a niveles de explotación tan brutales que la propia vida laboral útil se mide en meses o un par de años.
Por Daniel Jadue
En la mitología construida por la ideología burguesa y amplificada por los aparatos de propaganda de masas, el narcotráfico es presentado como un fenómeno «externo», una anomalía moral, una incursión de la barbarie en la civilización limpia del libre mercado. Las cadenas de noticias, los discursos parlamentarios y los análisis de la intelectualidad oficial insisten en tratar al crimen organizado como un cuerpo extraño que infecta las instituciones desde afuera. Sin embargo, desde una perspectiva materialista, la verdad es sustancialmente opuesta: el narcotráfico no es una desviación del capitalismo; es su expresión más pura, desregulada y salvaje, un engranaje indispensable en la fase actual de acumulación por desposesión y financiarización global.
Para comprender la verdadera naturaleza del fenómeno, debemos superar el fetichismo policial que reduce el problema a los tiroteos en las poblaciones o a los ajusticiamientos en la periferia. Karl Marx demostró en El Capital que el proceso de acumulación requiere permanentemente de mecanismos de «acumulación originaria»: la expropiación violenta, la desposesión de los medios de vida y la creación de una masa de desposeídos forzados a vender su fuerza de trabajo o a perecer. En la era de la crisis estructural del capital, donde la economía formal es incapaz de absorber a la fuerza de trabajo sobrante que ella misma genera, la economía ilícita del narcotráfico cumple una función económica y social precisa.
En los territorios populares, expoliados por décadas de ajuste neoliberal, el narco actúa como un mecanismo de desposesión de segunda intensidad. No solo expropia el espacio público y destruye la vida comunitaria, sino que extrae las escasas rentas de la clase trabajadora precarizada a través del consumo de sustancias de alta adicción y bajo costo. Esta dinámica fragmenta la conciencia de clase y sustituye la solidaridad de los oprimidos por la tiranía territorial de un proto-capitalista armado. El reclutamiento de jóvenes de las poblaciones no es más que la captación de un ejército industrial de reserva marginado, al que se somete a niveles de explotación tan brutales que la propia vida laboral útil se mide en meses o un par de años.
Pero el verdadero corazón de este negocio no late en los pasajes de la periferia, sino en las impecables bóvedas del sistema financiero internacional. La liquidez gigantesca que genera el tráfico de drogas no se guarda bajo el colchón; fluye directamente hacia la banca comercial, los fondos de inversión y el mercado inmobiliario, funcionando como un balón de oxígeno para el capital en momentos de contracción o crisis de liquidez. Vladimir Lenin, al desentrañar las dinámicas del imperialismo, fase superior del capitalismo, advirtió cómo el capital financiero subordina y penetra todas las esferas de la vida económica, borrando la frontera entre la ganancia «legítima» y la especulación especulativa o criminal. El blanqueo de capitales no es un fallo del sistema bancario, sino una de sus prótesis más rentables.
El Estado burgués, lejos de ser un árbitro neutral que busca erradicar este flagelo, administra y regula la violencia que produce la economía ilícita. La denominada «guerra contra las drogas» cumple una doble función de clase. Por un lado, justifica la militarización de los barrios populares, la expansión del aparato penal y la suspensión de facto de los derechos de la población trabajadora, perfeccionando las herramientas de control social que mañana se utilizarán contra la protesta o la huelga. Por otro lado, la persecución selectiva combate únicamente a las fracciones del crimen organizado que desbordan los márgenes aceptables o disputan el control territorial, dejando intacta la ruta del dinero que llega a las cúpulas empresariales, los consorcios inmobiliarios y las campañas políticas de las élites dominantes.
Pretender erradicar el narcotráfico mediante el gatillo fácil, la construcción de más cárceles o la invocación abstracta a la «paz social» es una trampa ideológica orientada a proteger la tasa de ganancia del gran capital. La lucha contra el crimen organizado es, en su sustancia más profunda, una lucha contra la lógica misma del valor y de la propiedad privada. La auténtica seguridad y la salvaguarda de la vida de las familias trabajadoras no vendrán del endurecimiento del Estado penal, sino de la destrucción de las bases económicas de la explotación: la expropiación del capital financiero que se enriquece con el lavado, la recuperación comunitaria del territorio y la articulación independiente de la clase obrera para conquistar una vida con dignidad, soberanía y justicia social.