El otorgamiento masivo de beneficios carcelarios a criminales de lesa humanidad y abusadores expone el carácter de clase de la justicia burguesa, mientras el Partido Comunista exige la remoción inmediata del ministro de Justicia por consolidar la impunidad institucional.
Por Equipo El Despertar
La reciente ola de rebajas de condena y beneficios carcelarios concedidos a criminales de la dictadura cívico-militar condenados por violaciones sistemáticas a los derechos humanos, junto a imputados por graves delitos contra menores de edad, no constituye un “error procedimental” o un simple “criterio técnico-judicial”, como insisten en encubrirlo los editoriales de la prensa corporativa. Una lectura materialista y de clase de estas resoluciones revela el modo en que el aparato judicial del Estado burgués opera como una estructura de impunidad selectiva: rigurosa y punitiva contra el pueblo trabajador que protesta en las calles, pero indulgente y permisiva con los agentes de la violencia estatal y los perpetradores de las ofensas más atroces contra la infancia vulnerada.
El otorgamiento de estos beneficios carcelarios pone al descubierto la vigencia del pacto de impunidad que protege a los ejecutores de la represión de clase. Al reducir las penas a los genocidas de Punta Peuco y a criminales que atentaron contra la integridad de niñas y niños, las instituciones del capital reafirman su desprecio absoluto por las víctimas de la violencia patriarcal y estatal. La narrativa oficial pretende enmascarar este retroceso bajo el velo del “respeto a las garantías procesales” o el “trato humanitario”, omitiendo que el derecho burgués utiliza la doctrina legal no para hacer justicia, sino para pacificar el malestar social y revalidar la autoridad de los cuerpos represivos y las élites que se atrincheran en el poder.
Frente a la gravedad de los hechos, la crisis institucional ha alcanzado el gabinete del Ejecutivo. Desde el Partido Comunista (PC) levantaron una contundente exigencia política demandando la renuncia inmediata del ministro de Justicia, señalándolo como el responsable político directo de permitir y validar este manto de impunidad. Como expresaron las vocerías de la colectividad y dirigentes de organizaciones de derechos humanos ante la indignación nacional: “No es posible mantener en el cargo a un ministro bajo cuya gestión se consuma el perdonazo a los criminales de lesa humanidad y se debilita la protección a la niñez; exigir su salida es el piso mínimo para no ser cómplices de la consolidación de la impunidad en Chile”. Esta postura explicita que la continuidad del titular de la cartera representa una señal de claudicación ética y política ante los sectores más reaccionarios.
El escenario actual reafirma que la “igualdad ante la ley” proclamada por el liberalismo es una ficción ideológica diseñada para enmascarar las contradicciones de la lucha de clases. Mientras las cárceles del país se abarrotan con la juventud pobladora y trabajadora empujada a la marginalidad por el propio modelo de acumulación, la cúpula del poder político y judicial otorga puertas giratorias a quienes ejercieron la violencia de Estado y destruyeron vidas humanas. La lucha contra la impunidad no encontrará solución en los pasillos de los tribunales corporativos ni en la burocracia ministerial; solo la movilización independiente, organizada y constante de la clase trabajadora y las agrupaciones de derechos humanos podrá frenar el avance del perdonazo institucional y exigir verdadera justicia.