La acumulación de desaciertos en el Palacio de La Moneda —desde las desastrosas gestiones legislativas hasta los decretos que benefician a agresores sexuales— expone la incompetencia estructural de la gestión patronal y acelera la pérdida de legitimidad del Ejecutivo de José Antonio Kast.
Por Equipo El Despertar
El relato de la «eficiencia técnico-empresarial» e «inflexibilidad punitiva» con el que la extrema derecha prometió ordenar el país se desploma frente al peso de los hechos. Desmintiendo a la prensa hegemónica, que insiste en catalogar la seguidilla de escándalos gubernamentales como “descuidos involuntarios” o “problemas de comunicación”, el análisis de casos concretos revela la incapacidad orgánica del bloque dominante para administrar el aparato público sin caer en sus propias contradicciones de clase.
El fracaso parlamentario en la tramitación de la reforma constitucional de la agenda migratoria constituyó un hito de descoordinación institucional. La iniciativa oficialista, orientada a prolongar los plazos de detención administrativa de extranjeros en situación irregular, se cayó en la Cámara de Diputados por un solo voto debido a la ausencia de los propios legisladores del Partido Republicano, Felipe Ross y Stephan Schubert. Ambos parlamentarios se encontraban en el extranjero acompañando al presidente en Estados Unidos, y el equipo del Ejecutivo no fue capaz de tramitar a tiempo los permisos constitucionales requeridos para habilitar la votación. Este episodio expuso una doble impostura: mientras la propaganda oficialista exigía medidas draconianas y acusaba de obstruccionismo a las bancadas opositoras, fue la propia negligencia burocrática y el desinterés de sus cuadros dirigentes lo que sepultó su proyecto estrella en materia de seguridad.
A la parálisis legislativa se sumó la grave crisis política desencadenada por la firma de decretos de rebaja de condena a 56 sentenciados por delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes. Pese a mantener una retórica centrada en el endurecimiento de penas para la criminalidad común, el ministro de Justicia, Fernando Rabat, estampó su firma en los beneficios penitenciarios aduciendo meros “criterios jurídicos y técnicos”. La indignación de la opinión pública obligó al presidente Kast a desautorizar el discurso defensivo inicial de su propio gabinete, admitiendo públicamente que “el Estado falló” y calificando la resolución como un “error”. No obstante, lejos de asumir las consecuencias políticas e institucionales mediante la remoción del ministro, el Ejecutivo decidió mantener a Rabat al frente de la cartera, demostrando que la disciplina estricta promcionada hacia las clases populares se evapora cuando se trata de hacer valer la responsabilidad política de las élites ministeriales.
Frente a la acumulación de episodios de improvisación que tensionan las relaciones con sus propios aliados parlamentarios, voceros sindicales de base e integrantes del movimiento social han profundizado el diagnóstico de fondo: “El discurso de la mano dura y la excelencia administrativa duró hasta que tuvieron que poner a funcionar la burocracia del Estado. Nos vendieron que venían a frenar la delincuencia y terminaron firmando rebajas de condena a abusadores de menores por negligencia ministerial, para luego perder sus votaciones clave en el Congreso porque sus propios diputados andaban de viaje. No son errores no forzados: es un gobierno patronal que desconoce las necesidades del pueblo y que utiliza las instituciones para su propio beneficio de clase”.
Desde la óptica del materialismo histórico, la desarticulación demostrada por la administración de Kast reafirma que el Estado burgués no es un instrumento neutral que se administra a voluntad, sino un terreno de vivas contradicciones. Cuando la extrema derecha llega al poder sin cuadros técnicos capaces de sostener el engranaje burocrático y confiando únicamente en la coerción, el choque con la realidad cotidiana resulta inevitable. Estos ejemplos concretos demuestran que la crisis de gobernabilidad no se resuelve con excusas públicas o maniobras mediáticas; le corresponde a las y los trabajadores organizados transformar este escenario de debilidad oficialista en un plan de movilización que dispute el rumbo económico y social en las calles.