La continua caída en los índices de aprobación del Ejecutivo republicano refleja el malestar de la clase trabajadora ante la carestía de la vida, el desempleo estructural y la profundización del saqueo patronal, desnudando los límites de la demagogia autoritaria.
Por Equipo El Despertar
Los recientes estudios de opinión pública que registran una nueva y drástica caída en la aprobación del gobierno de José Antonio Kast —alcanzando mínimos históricos que ubican su respaldo por debajo del 28% y una desaprobación que supera el 60%— han encendido las alarmas en los pasillos del poder económico y la política institucional. Sin embargo, desestimando los análisis de la prensa hegemonica que pretenden atribuir este deterioro a “problemas de vocería”, “errores comunicacionales” o al “desgaste natural de la gestión”, el desplome del Ejecutivo responde a una contradicción material ineludible: la imposibilidad de sostener la paz social mientras se profundiza el modelo de acumulación neoliberal a costa del empobrecimiento sistemático de las familias trabajadoras.
El discurso de la “mano dura”, el despliegue policial y el repliegue punitivo que constituyeron la plataforma demagógica de la extrema derecha para capturar el descontento popular, han chocado de frente con la realidad cotidiana de la clase obrera. La escalada en los precios de los bienes de primera necesidad, el encarecimiento de la energía y el alza del desempleo han dejado al descubierto que la verdadera prioridad de la administración no es la “seguridad ciudadana”, sino la garantización de las tasas de ganancia del gran capital, el blindaje de las AFP y la exención tributaria para los grupos económicos concentrados. El llamado “orden” defendido por el bloque dominante ha resultado ser el orden del despojo, donde la violencia del Estado se reserva para las demandas obreras mientras se garantiza la impunidad para la especulación financiera.
Frente a este escenario de sangría política, la burguesía y sus voceros mediáticos apresuran llamados a la “reorganización del gabinete” o al “diálogo transversal en el Congreso”, buscando canalizar el descontento popular hacia el cerco desmovilizador del parlamentarismo. Dirigentes del sindicalismo de base y referentes territoriales han advertido sobre los límites de este espejismo institucional: “El pueblo no está desencantado por un problema de gestión o de nombres en los ministerios; el rechazo masivo nace del bolsillo exprimido, del costo de la vida insostenible y de la constante humillación a la clase trabajadora. Ningún cambio de gabinete ni pacto parlamentario va a resolver el hambre ni el saqueo de nuestras pensiones si no se enfrenta directamente al poder económico”.
Desde la perspectiva del materialismo histórico, el declive acelerado del gobierno de Kast demuestra la fragilidad inherente a las salidas autoritarias del capital en momentos de crisis sistémica. El intento de disciplina social mediante la coerción y el chovinismo no logra maquillar por mucho tiempo la pérdida de capacidad adquisitiva ni el empeoramiento de las condiciones de vida de las mayorías proletarias. Sin embargo, el repliegue del gobierno en las encuestas burguesas no se traducirá automáticamente en transformaciones estructurales. La tarea impostergable para la vanguardia militante y el movimiento popular reside en superar la contabilidad electoralista y transformar esta desafección masiva en organización autónoma de clase, articulando un plan de luchas capaz de disputar las conquistas arrojadas en las urnas y poner freno definitivo a la agenda del capital financiero.