Un terremoto de magnitud 7,4 sacudió el occidente de Colombia en la mañana de este lunes 10 de agosto, convirtiéndose en el más fuerte de la última década en el país, según el Servicio Geológico Colombiano. La cifra de muertos ya supera las 70 personas. Los escombros y el dolor no se distribuyen por igual; el terremoto, que golpeó con especial crudeza al departamento del Chocó y al Eje Cafetero, ha destapado una verdad incómoda para la élite: en el capitalismo, las catástrofes naturales siempre son más devastadoras para quienes menos tienen. Mientras las autoridades de un gobierno recién estrenado intentan mostrarse diligentes, la precariedad de las viviendas en los barrios populares y la falta de planificación urbana se cobran su factura más alta.
Por Equipo El Despertar
El mapa de la desigualdad: el temblor que golpea donde más duele
El movimiento telúrico se registró a las 7:34 de la mañana, con epicentro en el municipio de San José del Palmar, en el departamento del Chocó, una de las regiones más pobres y abandonadas del país. La profundidad de 107 kilómetros no impidió que el sismo se sintiera con fuerza en gran parte del territorio y países vecinos como Ecuador y Panamá.
El saldo provisional es devastador. El Flash Update de la ONU, basado en datos oficiales, reporta al menos 74 personas fallecidas, 219 heridos, 1.684 viviendas averiadas y 77 completamente destruidas. La magnitud de la tragedia es tal que ya supera en impacto al terremoto de Armenia de 1999.
La geografía del dolor no es aleatoria. En el departamento de Risaralda se contabilizan 40 muertos, mientras que en el Valle del Cauca la cifra asciende a 27. Las imágenes que llegan desde Pereira, Manizales y Cali muestran edificios residenciales derrumbados y escombros que sepultan los sueños de familias enteras.
El Estado ausente y la farsa de la “respuesta inmediata”
La emergencia encontró a un gobierno que acaba de estrenar su mandato. El presidente Abelardo de la Espriella, quien tomó posesión del cargo el pasado viernes en Cali, ha convocado un Puesto de Mando Unificado y prometido liderar personalmente las acciones. El gobierno declaró la situación de “desastre nacional” para movilizar recursos.
Pero la pregunta que la clase trabajadora debe formularse es simple: ¿Dónde estaba el Estado antes de que la tierra temblara? La precariedad de las viviendas en los barrios populares, la falta de planificación urbana y el abandono de las regiones más pobres no son casualidades. El departamento del Chocó, epicentro del sismo, ha sido históricamente marginado por las élites políticas y económicas, saqueado en sus recursos naturales y abandonado en su infraestructura. La tragedia no es solo un acto de la naturaleza: es la materialización de décadas de políticas que privilegian la acumulación del capital por sobre la vida de los de abajo.
El propio director del Servicio Geológico Colombiano, Julio Fierro Morales, reconoció que se trata del “sismo más fuerte que se ha sentido en la última década en el país”. Sin embargo, su explicación se limita a la “dinámica tectónica natural”, omitiendo el hecho de que la vulnerabilidad no es natural: es social y está determinada por la desigualdad de clase.
La hipocresía de los “líderes mundiales” y la ayuda que nunca llega
Mientras los escombros aún humean, los líderes del mundo han enviado sus mensajes de “solidaridad”. Israel y Estados Unidos expresaron su “preocupación”, y la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, prometió estar “muy atenta”. Pero la clase trabajadora sabe que la solidaridad del imperialismo es una moneda de cambio: se ofrece cuando conviene, y se retira cuando los intereses del capital están en juego. La ayuda internacional, cuando llega, suele estar condicionada a la apertura de mercados y la entrega de recursos naturales. La caridad de los poderosos siempre tiene un precio.
La función de clase de la catástrofe
Desde una perspectiva marxista, el terremoto en Colombia no es un hecho aislado, sino la confirmación de la lógica de clase que gobierna el capitalismo. Las catástrofes naturales no son democráticas: golpean con más fuerza a quienes viven en viviendas precarias, en territorios abandonados y sin acceso a servicios básicos. Las clases populares, que ya son las principales víctimas de la explotación cotidiana, son también las primeras en pagar el costo de la furia de la tierra.
Las 70 vidas perdidas no son números abstractos. Son trabajadores, campesinos, madres y padres que construyeron sus vidas en la precariedad que el sistema les impuso. Los edificios derrumbados no son solo estructuras de cemento: son el símbolo de un modelo de desarrollo que prioriza las ganancias de las constructoras y los especuladores inmobiliarios por sobre la seguridad de las personas.
Epílogo: la reconstrucción de los de arriba y el olvido de los de abajo
La historia de las catástrofes en América Latina es la historia de los mismos patrones: la élite promete reconstrucción, pero los recursos se desvían, los contratos se adjudican a dedo y los barrios populares quedan en el olvido. Mientras el gobierno de De la Espriella instala sus puestos de mando y convoca a sus comités, la clase trabajadora colombiana se prepara para una nueva batalla: la de no ser olvidada en la reconstrucción.
El terremoto de magnitud 7,4 ha dejado al descubierto la fragilidad de un sistema que abandona a los suyos. Pero también ha revelado la fuerza de la solidaridad de los de abajo, que se organizan para rescatar a sus vecinos, para compartir lo poco que tienen, para resistir. La verdadera reconstrucción no vendrá de los discursos de los líderes mundiales ni de los decretos de un gobierno recién estrenado. Vendrá de la organización popular, de la conciencia de clase y de la lucha por un modelo de sociedad que ponga la vida de las mayorías por encima de las ganancias de las minorías.