En una jornada que expone la crisis terminal del Socialismo Democrático, más de 300 militantes del PPD, incluyendo a sus principales vicepresidencias nacionales y toda la directiva de sus juventudes, renunciaron este viernes al partido, acusando una “ausencia total de democracia y de legalidad interna” y denunciando la “estrategia de complicidad” de sus senadores con la agenda del gobierno de José Antonio Kast. La crisis, que se venía gestando desde el polémico acuerdo de los senadores Pedro Araya, Loreto Carvajal y Ricardo Celis con el ministro de Hacienda para facilitar la megareforma tributaria que regala más de 4.000 millones de dólares anuales a las grandes empresas, ha terminado por consumir a un partido que alguna vez fue el símbolo del retorno a la democracia. Mientras los dirigentes renunciantes anuncian la creación del movimiento “Firmes por Chile” y prometen mantener sus convicciones de izquierda, la clase trabajadora asiste a la confirmación de una verdad incómoda: la centroizquierda chilena, cuando debe elegir entre los intereses del pueblo y los del capital, siempre termina optando por los segundos.
Por Equipó El Despertar
Santiago de Chile. La mañana de este viernes 21 de agosto quedará registrada como el día en que el Partido por la Democracia (PPD), uno de los pilares de la Concertación y la Nueva Mayoría, sufrió la peor crisis de su historia. Frente a las oficinas del Servicio Electoral (Servel), el primer vicepresidente nacional del PPD, Cristóbal Barra; la vicepresidenta nacional, Bárbara Sepúlveda; y el presidente nacional de la Juventud PPD, Lukas Soto, anunciaron su renuncia irrevocable a la colectividad, en un acto que fue seguido por más de 300 militantes que abandonarán el partido en los próximos días.
La decisión no es un capricho de dirigentes descontentos, sino el desenlace de una crisis de identidad que venía gestándose desde hace meses. Como reconocía el propio PPD en un documento interno de enero de 2026, el partido enfrenta “una crisis de identidad política” que no es “únicamente de representación electoral ni orgánica”. Esa crisis, sin embargo, encontró su detonante en una decisión que para muchos militantes significó la traición definitiva de la dirigencia: el acuerdo que los senadores Pedro Araya, Loreto Carvajal y Ricardo Celis sellaron con el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, para facilitar la megareforma tributaria del gobierno de José Antonio Kast.
La traición de los senadores: el precio de la invariabilidad
El acuerdo, que la propia presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), celebró como un triunfo del diálogo, consistió en modificar la invariabilidad tributaria de 25 años sin condiciones que proponía el gobierno, reemplazándola por un esquema de 20 años para inversiones superiores a US$350 millones, 15 años para inversiones superiores a US$100 millones y 10 años para aquellas que superaran los US$50 millones. A cambio, los senadores del PPD se comprometieron a no sumarse al recurso de inconstitucionalidad que el Partido Socialista y el resto de la oposición planeaban presentar ante el Tribunal Constitucional.
La reacción de la militancia no se hizo esperar. Como un trago amargo se tomaron en la colectividad que dirige Raúl Soto la negociación que tres de sus cuatro senadores lograron con el Ejecutivo. La senadora Carolina Tohá, histórica del PPD, cuestionó abiertamente el acuerdo. Pero el malestar no se quedó en las cúpulas: se extendió a las bases, que veían cómo sus representantes en el Congreso negociaban a espaldas de la militancia y, lo que es peor, facilitaban una reforma que la propia oposición calificaba como un “regalo a los más ricos”. Los senadores, acusaron los renunciantes, se han “alejado de los intereses de la mayoría de Chile”.
El gatillo final: la quiebra de la democracia interna
El detonante final, sin embargo, no fue solo el acuerdo con el gobierno. Fue la constatación de que la dirigencia del partido no estaba dispuesta a rendir cuentas por sus decisiones. Según denunció Barra, la directiva nacional mantuvo “un silencio cómplice” frente a los cuestionamientos de las bases. Y, más grave aún, el Tribunal Supremo del partido actuó con “un mecanismo que se saltó la democracia interna” en las elecciones internas, desconociendo los resultados que, según Barra, le daban la vicepresidencia. “Un partido que dice defender la democracia es muy incoherente que no respete la democracia interna”, sentenció el dirigente.
La crisis, sin embargo, no se limita al PPD. Como ha reconocido el nuevo presidente del partido, Raúl Soto, la centroizquierda “dejó de interpretar” al país. Y el PPD, otrora el partido de la diversidad, el progresismo y el símbolo del retorno a la democracia, está viviendo una crisis de identidad que parece no tener fin. La renuncia masiva de este viernes no es el fin de la crisis, sino su culminación.
La función de clase de la debacle del PPD
Desde una perspectiva marxista, la crisis del PPD no es un accidente ni un problema de “liderazgo”. Es la expresión de la contradicción fundamental de la centroizquierda chilena: un partido que alguna vez representó los intereses de los sectores populares, pero que, al integrarse al engranaje del Estado capitalista, terminó subordinando sus principios a la lógica de la acumulación. La decisión de los senadores del PPD de facilitar la megareforma tributaria no fue un error de cálculo, sino la confirmación de que, para la centroizquierda, los intereses del capital y la “gobernabilidad” siempre pesan más que los derechos de los de abajo.
La invariabilidad tributaria que los senadores del PPD acordaron con el gobierno no es una medida técnica. Es el corazón de una reforma que regala más de 4.000 millones de dólares anuales a las grandes empresas, que blinda por 20 años las condiciones impositivas para las grandes inversiones y que profundiza la desigualdad estructural del país. Al facilitar esa reforma, los senadores del PPD no estaban “negociando” en defensa de los intereses populares: estaban blindando el modelo de acumulación que la derecha chilena ha construido desde la dictadura.
La renuncia de los más de 300 militantes no es una derrota de la izquierda, sino la constatación de que el PPD ya no es un instrumento útil para la lucha popular. Como señalaron los renunciantes en su carta, “nuestras convicciones de izquierda, progresista y democrática permanecen intactas, y crecen en esta coyuntura”. Pero esas convicciones no pueden ser defendidas desde un partido que ha decidido servir al capital. La creación del movimiento “Firmes por Chile” es el primer paso de una nueva etapa.
Epílogo: el costo de la traición
La debacle del PPD no es un hecho aislado. Es el reflejo de una crisis más profunda de la política chilena, donde los partidos de la centroizquierda han ido abandonando su función de representación popular para convertirse en meros gestores del sistema. La renuncia masiva de este viernes es una señal de que la militancia ya no está dispuesta a tolerar esa traición. Pero también es una advertencia: mientras la izquierda chilena no sea capaz de construir una alternativa política que realmente represente los intereses de la clase trabajadora, las debacles como la del PPD seguirán repitiéndose.
Mientras los senadores del PPD negocian a espaldas de su militancia y la derecha celebra sus victorias legislativas, la clase trabajadora sigue esperando que sus necesidades sean prioridad. La renuncia de los más de 300 militantes no es el fin de la historia, sino su continuación. La lucha por una izquierda que realmente represente a los de abajo, que no se doblegue ante los intereses del capital, que no negocie a espaldas de su pueblo, recién comienza.