Bajo el pretexto del «saneamiento fiscal» y el pago de la deuda financiera, el Ejecutivo traslada el costo del estancamiento económico a los hogares populares mediante severos recortes en salud, educación, vivienda y regiones, mientras blinda las rebajas tributarias para los grupos de mayor riqueza.
Por Equipo El Despertar
La presentación del Proyecto de Ley de Presupuestos 2027 por parte de la administración de José Antonio Kast ha terminado por desmantelar la ilusión de «orden, seguridad y prosperidad» con la que la extrema derecha construyó su hegemonía electoral. Frente a las interpretaciones de la prensa corporativa y los analistas de la plaza financiera, que intentan justificar la austeridad como una respuesta «inevitable» ante el shock petrolero y el estancamiento económico, la lectura crítica del informe contable revela una operación explícita de redistribución inversa de la riqueza: un ajuste de clase diseñado para proteger las tasas de ganancia de la élite corporativa transfiriendo el costo de la crisis a la fuerza de trabajo.
Los indicadores macroeconómicos del periodo desmienten de forma categórica las promesas de reactivación. Con un desempleo que alcanza el 9,6% a nivel nacional y se eleva al 10,3% entre las mujeres, un Imacec en terreno negativo y una inflación que saltó al 4,1% tras la decisión oficial de suspender el mecanismo de estabilización del combustible (MEPCO), el escenario de estancamiento con carestía golpea con dureza la reproducción material de los hogares. Sin embargo, lejos de amortiguar este impacto, la respuesta del Estado burgués ha sido la profundización de la austeridad: casi tres cuartas partes del incremento nominal del presupuesto se destinan al servicio de la deuda financiera, mientras que el gasto social real y las transferencias directas a las familias registran caídas sistemáticas.
El examen detallado de las partidas presupuestarias transparenta el carácter ideológico y represivo del recorte. Mientras se reducen drásticamente los recursos para programas de inmunización, la Ley Ricarte Soto (-14,5%), los fondos para jardines infantiles, el apoyo a la agricultura familiar, los fondos de tierras indígenas y el presupuesto científico y cultural, el Ejecutivo sostiene una rebaja del impuesto de primera categoría a las grandes empresas que resta más de 2 billones de pesos anuales a las arcas públicas. A esto se suma el desmantelamiento de la inversión pública regional (-9,4%) y de los fondos para vivienda y educación superior, contrastando con la expansión de compromisos plurianuales para material policial y el incremento del pago de intereses a la banca privada a través del Crédito con Aval del Estado (CAE).
Como han señalado diversos análisis económicos y representantes de las organizaciones de base, “el gobierno no recorta porque falten recursos, sino para financiar una reforma tributaria hecha a la medida de los súper ricos, haciendo que los costos de la desaceleración caigan sobre las espaldas de las mujeres, la juventud y la clase trabajadora”. Esta contradicción abre una fisura en el consenso de la administración reaccionaria, demostrando que la retórica del orden no puede sostenerse indefinidamente sobre la degradación de las condiciones de vida de las mayorías. La disputa por el presupuesto no es un debate contable neutro, sino un campo de batalla político donde la articulación de la clase trabajadora y los sectores populares resulta urgente para frenar el saqueo fiscal y exigir que el ajuste lo pague el gran capital.