A ocho años de su siembra, la figura de la histórica militante del Norte Grande y fundadora de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos trasciende el duelo testimonial para erigirse como un imperativo político: la búsqueda de justicia no se delega en las instituciones del capital, se conquista con la autoorganización popular.
Por Equipo El Despertar
El 26 de octubre de 2018 marcó la partida física de Ana González de Recabarren a los 93 años, pero de ningún modo el silenciamiento de su voz. Reducir su legado al encuadre de la “víctima trágica” o al mito de la “anciana abnegada”, como acostumbra la pedagogía de la conciliación de clases promovida por la transición pactada, constituye un ejercicio de despolitización deliberada. Nacida en las entrañas de una oficina salitrera en el Toco, forjada en las luchas de la clase obrera del salitre y militante comunista desde su juventud en la población Bulnes de Renca, Anita González encarnó la síntesis histórica entre la conciencia de clase y la resistencia irrenunciable contra el terrorismo de Estado.
Cuando la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) le arrebató en abril de 1976 a sus dos hijos —Manuel Guillermo y Luis Emilio—, a su nuera embarazada Nalvia Mena y, al día siguiente, a su compañero de vida Manuel Recabarren, el régimen dictatorial buscó sembrar el parálisis mediante la doctrina del terror desarticulador. Sin embargo, la respuesta de Anita no fue el repliegue individualista, sino la articulación colectiva. Comprendiendo de forma intuitiva y dialéctica que el aparato represivo de la burguesía no era una anomalía abstracta, sino el instrumento armado para imponer a sangre y fuego el modelo neoliberal de privatización y despojo, convirtió su dolor personal en una trinchera de lucha al fundar y liderar la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD).
Frente a los sucesivos gobiernos de la postdictadura que institucionalizaron la impunidad mediante las “medidas de lo posible”, la justicia a goteo y los pactos de silencio de la casta militar, la postura de Anita González se mantuvo inflexible e incorruptible. No cedió ante el chantaje de la “reconciliación nacional” ni aceptó que la verdad fuera administrada según los ritmos de la gobernabilidad de los mercados. Como denunció de manera profética al señalar la complicidad de las instituciones del Estado burgués con el ocultamiento sistemático: “A mí no me van a convencer de que el olvido trae la paz; la paz sin verdad es la paz de los cementerios y la garantía de que la violencia de los poderosos se vuelva a repetir contra el pueblo”.
En la actual coyuntura chilena —marcada por la crisis terminal del sistema de las AFP, el atrincheramiento impune de las jerarquías judiciales y el rearme ideológico de la extrema derecha—, el recuerdo de Anita González de Recabarren opera como una brújula política fundamental. Su vida demuestra que los derechos humanos no son concesiones graciosa de los tribunales ni abstracciones jurídicas liberales, sino conquistas históricas de la clase trabajadora en su disputa contra la barbarie. Recordar a Anita hoy no es mirar al pasado con nostalgia melancólica, sino asumir el compromiso de organizar el poder popular, denunciar los pactos de impunidad del régimen y mantener en alto la bandera de la memoria combativa hasta la transformación definitiva de la sociedad.