El gobierno de José Antonio Kast confirmó la descontinuación del programa Arriendo a Precio Justo, una iniciativa que permitía a familias vulnerables destinar solo el 25% de sus ingresos al arriendo de viviendas fiscales o del Serviu y que podía extenderse por hasta ocho años . El ministro de Vivienda, Iván Poduje, justificó la medida con un argumento que resume la lógica de clase de la derecha: el programa impulsado durante el gobierno de Michelle Bachelet “no va en la línea del trabajo del actual Ejecutivo” y “no era justo” . Pero la verdadera injusticia no es que una familia pague una cuarta parte de sus ingresos por un techo, sino que el mismo gobierno que encontró 4.000 millones de dólares anuales para regalar a las grandes empresas a través de la megareforma tributaria, que autorizó la capitalización de Codelco con 2.400 millones y que prepara una reforma al mercado de capitales para atraer US$11.200 millones, no tenga recursos para mantener un programa que beneficiaba a las familias más vulnerables. La clase trabajadora asiste, una vez más, a la confirmación de una verdad incómoda: para la derecha, el derecho a la vivienda es un lujo que solo algunos pueden pagar.
Por Equipo El Despertar
Santiago de Chile. La noticia cayó como un baldazo de agua fría sobre las organizaciones sociales y los movimientos por el derecho a la vivienda. El ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, confirmó este jueves la descontinuación del programa Arriendo a Precio Justo . La iniciativa, impulsada durante el gobierno de Gabriel Boric y presentada en 2022, permitía a familias vulnerables arrendar viviendas fiscales o de propiedad del Serviu, asegurando que el pago mensual no superara el 25% de los ingresos familiares .
El programa, que nació como un piloto en la comuna de Recoleta, se había convertido en un referente nacional de política habitacional con enfoque social . El condominio Justicia Social I, el primer proyecto de arriendo a precio justo de Chile, cumplió seis años de funcionamiento beneficiando a 38 familias que pagan un arriendo equivalente al 25% de sus ingresos, sin gastos comunes ni las exigencias económicas que dificultan el acceso a una vivienda . Bajo el modelo de arriendo público justo, las familias pagan solo el 25% de sus ingresos, lo que representa una alternativa digna y accesible frente al mercado inmobiliario tradicional .
La hipocresía de la “justicia” de clase: el argumento de Poduje
Cuando se le consultó sobre la eliminación del programa, Poduje fue categórico: “No avanza más porque no era justo” . Y añadió que el objetivo del gobierno es que las personas sean propietarias y no arrendatarias . En casos críticos, como víctimas de violencia intrafamiliar, personas con discapacidad y adultos mayores, las viviendas se entregarán en propiedad .
El argumento es una obra maestra del cinismo de clase. La “justicia” que defiende el ministro Poduje no es la justicia social, sino la justicia del mercado: la que dicta que quien no puede pagar un arriendo a precio de mercado no merece un techo. La misma lógica que ha expulsado a miles de familias de los barrios centrales de Santiago, que ha convertido la vivienda en un negocio especulativo y que ha condenado a las nuevas generaciones a la precariedad habitacional.
El ministro afirma que el objetivo es que las personas sean propietarias. Pero, ¿qué propietario puede ser una familia que vive al límite de sus ingresos, que no tiene acceso al crédito hipotecario y que enfrenta un mercado inmobiliario donde los precios de las viviendas crecen muy por encima de los salarios? La promesa de la propiedad es una coartada para desmantelar un programa que funcionaba, que entregaba soluciones concretas y que representaba una alternativa real al modelo de vivienda neoliberal.
La tradición que la derecha no puede tolerar: el sello de Recoleta
El programa Arriendo a Precio Justo no era una iniciativa cualquiera. Nació en Recoleta, bajo la gestión del alcalde Daniel Jadue (PC), como un proyecto de la Inmobiliaria Popular de la comuna . El condominio Justicia Social 1, ubicado en el barrio Quinta Bella, fue el primer proyecto de arriendo a precio justo del país . La iniciativa no solo facilitaba el acceso a una vivienda, sino que también incorporaba un Plan de Acompañamiento Social (PAS) para apoyar a las familias en la construcción de un proyecto de vida .
El alcalde de Recoleta, Fares Jadue, destacó que el proyecto “es un modelo único en Chile” y que “se ha consolidado como un ejemplo para que otros municipios, incluido el propio Gobierno, puedan replicar” . Pero precisamente porque era un modelo que no había sido inventado por la derecha, porque llevaba el sello de una gestión comunista y porque demostraba que el Estado puede actuar de manera distinta frente a la crisis habitacional, el gobierno de Kast decidió eliminarlo.
La derecha chilena no tolera las políticas que funcionan si no las ha diseñado ella misma. No tolera que un municipio comunista demuestre que es posible garantizar el derecho a la vivienda con un modelo de arriendo público, justo y solidario. La eliminación del programa no es una decisión técnica; es un acto de guerra de clase contra las políticas que desafían el dogma neoliberal.
La función de clase del desmantelamiento: la vivienda como negocio, no como derecho
Desde una perspectiva marxista, la eliminación del programa Arriendo a Precio Justo es la confirmación de que el derecho a la vivienda, en el Chile del capitalismo neoliberal, es una mercancía que se regula por la ley de la oferta y la demanda, no por las necesidades de la población. El programa demostró que era posible garantizar un techo digno a las familias más vulnerables sin que el mercado especulativo lo impidiera. Y precisamente por eso la derecha lo eliminó.
El mismo gobierno que encontró tiempo y recursos para aprobar una megareforma tributaria que regala más de 4.000 millones de dólares anuales a las grandes empresas, que autorizó la capitalización de Codelco con 2.400 millones de dólares y que prepara una reforma al mercado de capitales para atraer US$11.200 millones de capitales internacionales, no tiene recursos para mantener un programa que permitía a las familias vulnerables pagar el 25% de sus ingresos por un techo.
La hipocresía es brutal: mientras los grupos económicos celebran sus rebajas tributarias, las familias que dependían del programa Arriendo a Precio Justo ven cómo su única alternativa de vivienda digna se esfuma. La “justicia” que defiende el ministro Poduje no es la justicia de los de abajo, sino la justicia de los que tienen para pagar el precio del mercado. El derecho a la vivienda, como el derecho a la salud, a la educación y a la seguridad social, es un derecho social de segunda clase para el gobierno de Kast, sujeto a la caridad del mercado y a la buena voluntad de los patrones.
El precio de la ideología: las familias que quedan en la calle
El programa Arriendo a Precio Justo no era un beneficio menor. Permitía a familias vulnerables con un subsidio de arriendo vigente arrendar viviendas fiscales o de propiedad del Serviu, asegurando que el pago mensual no superara el 25% de los ingresos familiares . Estaba dirigido a grupos familiares de dos a cuatro integrantes, inscritos en el Registro Social de Hogares, con un ingreso mensual que les permitiera pagar el valor del arriendo . El beneficio podía extenderse por un plazo de hasta 8 años .
La eliminación del programa deja a cientos de familias en una situación de desprotección absoluta. Las viviendas que se entregaban en arriendo a precio justo, propiedad del Serviu, pasarán a ser entregadas en propiedad solo en casos críticos . El resto de las familias, aquellas que no califican como “críticas” según los criterios del ministerio, quedarán a la deriva, enfrentando un mercado inmobiliario que las expulsa sistemáticamente de los barrios centrales.
Epílogo: la vivienda como campo de batalla
La eliminación del programa Arriendo a Precio Justo no es un hecho aislado. Es el eslabón de una cadena de saqueo que incluye la megareforma tributaria, la capitalización de Codelco, la reforma al mercado de capitales y los recortes a la salud, la vivienda y la educación. La misma administración que promete “mano dura” contra la delincuencia es la que, con la otra mano, vacía los bolsillos de los trabajadores para llenar las arcas del capital.
Mientras el gobierno de Kast celebra sus “éxitos legislativos” y los grupos económicos se frotan las manos con las rebajas tributarias, las familias que dependían del programa Arriendo a Precio Justo siguen esperando que el Estado cumpla con su obligación de garantizarles un techo digno. La vivienda no es un lujo: es un derecho. Y ese derecho, como todos los derechos de los de abajo, solo se conquista con organización y lucha. La eliminación del programa no es el fin de la historia, sino su continuación. La lucha por una vivienda digna no se detendrá con un decreto del ministro Poduje. Se detendrá cuando la clase trabajadora comprenda que su enemigo no es el mercado, sino el gobierno que lo protege.